*Se mantiene constante capacitación a operadores del sistema en coordinación con organismos internacionales como USAID.
Como parte de las diez acciones que se implementan para la consolidación del sistema de justicia penal a nivel nacional, Baja California Sur presenta avances significativos en esta materia, informó el secretario general de gobierno, Álvaro De la Peña Angulo.
De la Peña Angulo, señaló que, entre los avances, destaca la capacitación constante que se imparte al personal y usuarios de este sistema, siendo capacitados en lo que va del año un total de mil 146 personas, principalmente operadores, jueces, ministerios públicos, policía procesal y defensoría pública, a fin de contar con servidores profesionales en beneficio de la ciudadanía.
“Le estamos apostando al recurso más importante que es sin duda alguna, el humano, ya que son, quienes atienden de primera mano al ciudadano que fue víctima de algún delito, por ello, se invierte en su profesionalización, para tener un sistema de justicia penal de calidad y acorde a las necesidades que demanda la sociedad”, expresó el Secretario General de Gobierno.
Asimismo, se avanza en el fortalecimiento de áreas vitales para el buen funcionamiento del sistema, como lo son la Unidad de Medidas Cautelares, la Policía Procesal, la figura de asesores jurídicos de víctimas y el diseño de indicadores que evalúen la operatividad de las instituciones.
De igual manera, indicó, se crearon la Comisión de Ejecución Penal y la Subcomisión de Justicia para Adolescentes y se elaboró un plan de trabajo interinstitucional, dando cumplimiento a un mandato constitucional local, en este renglón.
También, dijo, se trabaja con los Poderes del Estado, representantes académicos y colegios de profesionistas, para fortalecer el marco jurídico en la materia, a través de propuestas de reformas al artículo 19 constitucional con el objetivo de que se cree un catálogo de delitos graves, que no deje a interpretación del juez la procedencia obligatoria de la prisión preventiva.
Así como al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se integren al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos que más lesionan a la ciudadanía y a sus bienes jurídicos tutelados, como el robo, por mencionar algunos, agregó.
“Vamos por un sistema de justicia penal sólido, apegado a la realidad, para que la impartición de justicia sea un hecho, al tiempo de brindar certeza jurídica tanto a la víctima como a quienes intervienen en el proceso penal”, puntualizó Álvaro De la Peña.
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